Un camino complicado

En España, los derechos de la protección de los animales han evolucionado considerablemente a lo largo de la historia. La primera disposición legal que se puede encontrar data de  1877. En las ordenanzas Municipales de la Ciudad de Palma de Mallorca, en uno de sus artículos se protegía a los perros y se decía que quedaba prohibido maltratarlos de cualquier forma y con cualquier objeto incluyendo los palos y las piedras. Hay que entender que aunque esto en la actualidad parezca impensable para parte de la sociedad, en aquella época era extremadamente progresista. Sin embargo, la legislación sobre la materia no empezó a tener presencia hasta el 1925 cuando se creo la Real orden circular de 26 de diciembre de 1925 en la cual, como cuenta la abogada Ana Patricia Dominguez, se “establecía con carácter obligatorio la protección de los animales y las plantas, declarando la utilidad pública de las asociaciones que tengan por fin divulgar y arraigar dicha protección”.

Por desgracia, en ninguna de estas el maltrato se encontraba penado. Esto no sucedió hasta 1928, año en el que se introdujo a la Real Orden Circular. En esta se especificaba que los que maltrataran a los animales domésticos o les obligan a hacer un esfuerzo excesivo se les multaría con "sanciones de 50 a 500 pesetas”, cuenta Domínguez. Fue en 1988 cuando se comenzó a incluir su protección en el código penal actual, de hecho la primera comunidad que lo implementó fue Cataluña, sancionando las acciones de maltrato y sufrimiento. Posteriormente se sumaron el resto de ellas. Sin embargo, todo esto quedaba en papel mojado ya que el Estado no tenía competencias ni lo regulaba.

En 2007 se adquirieron las competencias para la protección de los animales por parte del Estado, en las que sumándose a los caracteres sanitarios de la ley, se preveía también regular su explotación y experimentación, dejando de lado algunos ámbitos importantes como el dejar de considerarse una propiedad. Ha sido en 2021 cuando el congreso de los diputados dio luz verde a la normativa mediante la cual los animales dejaban de ser considerados “bienes inmuebles o cosas” y se pasaba a reconocer su naturaleza de seres vivos que tienen sensibilidad.

La última regulación que se quiere implementar en España está relacionada con el compromiso del actual gobierno con la protección de los animales, y con la que se busca alcanzar los objetivos de la agenda 2030 en esta materia. El principal objetivo de la ley según su anteproyecto “no es tanto el garantizar el bienestar de los animales evaluando las condiciones que se le ofrecen, sino el regular el reconocimiento y la protección de la dignidad de los animales por parte de la sociedad.”