La pandemia de la desinformación
La excusa de los que buscan intensificar sus poderes a costa de bienes fundamentales como la libertad de prensa y la propia democracia.
Los periódicos amanecen con una campaña institucional lanzada por el Gobierno
Los medios de comunicación tratan de adaptarse a las nuevas necesidades de una sociedad hambrienta de información mientras la ONU, Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras advierten que “la libertad de prensa en Europa no pasa por su mejor momento.” En Reporteros Sin Fronteras se denuncian día a día abusos de gobiernos alrededor del mundo, limitando el derecho a la información de los ciudadanos con el pretexto del Estado de Excepción o Estado de Alarma. Los ciudadanos españoles han vivido tres simulacros donde la opinión pública se alarma: noticias falsas, bulos y las 300 firmas de periodistas recogidas en un manifiesto para protestar por la filtración de preguntas en ruedas de prensa.
El verdadero sobresalto según Alfonso Armada, presidente de Reporteros Sin Fronteras en España, se hace realidad en Brasil, China, Sudáfrica y Hungría. La herramienta de la ONG, #Tracker19, destapa las prácticas de países como Egipto donde se están bloqueando webs y perfiles de redes sociales. La censura de Armenia. La ausencia de libertad en China como “hipotética causa de la extensión del virus”. Y, sobre todo, Armada denuncia el silencio europeo frente a Hungría: donde se han establecido penas de cárcel de hasta cinco años por difundir lo que el Gobierno de Viktor Orbán considere noticias falsas. “Es el caso más emblemático y cercano en Europa”, afirma Armada, y añade que: "inquieta muchísimo porque buena parte de las falsas noticias las ha difundido el propio gobierno húngaro cuando negaba la gravedad de la crisis". Y es que, en palabras de Alfonso Armada, en tiempos de pandemia “es fundamental que no arrojemos al niño con el agua sucia”, que con el pretexto de defender a los ciudadanos y proteger su seguridad, al final se les presente el falso dilema entre libertad o seguridad.
![[Img #3644]](http://elsubmarino.periodismodigital.es/upload/images/05_2020/3385_2020-05-25-2.png)
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Por otro lado, RSF alerta de que Europa no se encuentra fuera de peligro. Afirma que nos encontramos en un continente sacudido por graves agresiones a periodistas (incluso asesinatos), convirtiéndose en esencial que la libertad de prensa ocupe una posición central en las agendas políticas. La ONG celebra que en la hoja de ruta de la comisaria europea, Věra Jourová, vicepresidenta encargada de Valores y Transparencia, esté fortalecer la libertad de los medios de comunicación. Y al mismo tiempo, entienden que se trata de una revelación: conceden un lugar relevante a la libertad de información “porque asumen que existe un gran riesgo de que se deteriore”.
![[Img #3628]](http://elsubmarino.periodismodigital.es/upload/images/05_2020/7593_whatsapp-image-2020-05-25-at-135949.jpeg)
La ONG que preside Alfonso Armada en España, declara en sus datos que las sospechas se han cumplido: la libertad de prensa en Europa se ha deteriorado. Concretamente, Polonia ha perdido tres posiciones en la Clasificación debido a la utilización de algunos de sus tribunales del artículo 212 del Código Penal, que recoge hasta un año de prisión para juzgar a periodistas acusados de difamación. En el sur de Europa, hay cruzadas muy activas de las autoridades contra los medios de comunicación. El ejemplo nítido se encuentra en Bulgaria, donde se intentó inhabilitar a la periodista Silvia Velikova, conocida por sus críticas al gobierno, dejando en evidencia la falta de independencia de este medio de comunicación público. El no ejemplo que señala RSF está en los dos países aspirantes a entrar en la Unión Europea: Montenegro y Albania, que descienden uno y dos puestos, respectivamente, tras un año marcado por la detención de periodistas.
En Francia, España, Austria, Italia y Grecia, Reporteros Sin Fronteras afirma que los periodistas también se enfrentan a la violencia, pero sobre todo, de los manifestantes.
La vacuna contra las fake news
Para Amnistía Internacional, la ONU y Reporteros Sin Fronteras, los aspectos básicos que ponen en peligro la libertad de prensa, y con ello, lo que perciben los ciudadanos cada día en sus mesas y móviles, se ven agravados por la pandemia que vivimos, dando paso a la otra pandemia: la de la desinformación y las noticias falsas. La de los bulos y su difusión masiva. España no ha quedado exenta de cientos de miles de mensajes falsos que cada día circulan en los dispositivos de los ciudadanos.
La compañía Twitter asegura haber detectado “más de un millón y medio de cuentas sospechosas de manipular información sobre el coronavirus y en las últimas dos semanas ha procedido a borrar 1.100 mensaje con información considerada engañosa.” Sin embargo, son los programas de mensajería instantánea, principalmente WhatsApp, donde más se difunden este tipo de contenidos y donde se han tomado medidas irrevocables: desde hace unas semanas determinados contenidos solo pueden mandarse a un contacto o grupo cada vez, en un intento por frenar los bulos.
El intento de encontrar una vacuna ha salpicado también a las instituciones españolas: el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, apostaba en una rueda de prensa por revisar los instrumentos legales necesarios "para impedir que no se vayan de rositas aquellos que contaminan la opinión pública". Sin embargo, para Jordi Pérez Llavador, profesor de Comunicación y Opinión Pública en la Universidad CEU Cardenal Herrera en Valencia, plantear cambios legales para frenar las falsedades en la red sería “un error” debido al poder implícito que se le otorgaría al poder político. Para Pérez Llavador, el antídoto está en “concienciar a la ciudadanía de que está siendo sometida a un ataque permanente de mentiras estratégicas.” Apela al sentido común del ser humano: “Si tú eres medianamente crítico, de los veinte mensajes que te llegan día a día a Whatsapp sabes que 18 son mentira.” Pero sobre todo, apela, a la libertad en todas sus vertientes comunicativas, sentenciando que “la mejor ley de prensa es la que no existe”.
Podcast de la entrevista de Jordi Pérez
Desde un punto de vista jurídico se sitúa Lorena Melchor Llopis, Doctora en Derecho, que bautiza el intento de regulación como “conflictivo” ya que “ el gobierno debería analizar cada información que se quiera difundir de forma previa, y cabe recordar que en nuestra Constitución española la censura previa está prohibida.” Asegura, además, nuestro código penal dispone de una gran cantidad de tipos delictivos que podrían utilizarse en el caso de difundir bulos de forma excesivamente perjudicial.
Al otro lado, desde el óculo del periodismo, Armada se aleja de vacunas legales, que considera represivas, y hace referencia a la necesaria autocrítica que deben realizar los propios profesionales: “Difundimos la imagen de que es imposible saber la verdad y nuestro objetivo es verificar y dar información fiable, que la gente tenga hechos probados y sustanciales para después actuar políticamente y castigar o premiar a los dirigentes políticos”. Hace unas semanas el Centro de Investigaciones Sociológicas, literalmente, preguntaba: “¿Cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener la libertad total para la difusión de noticias e informaciones?”.
Y Armada, respondía con vehemencia: “Que se plantee la posibilidad de suprimir, la difusión de noticias falsas y se apele a las fuentes oficiales como las fuentes legítimas y verdaderas, tiene un tufo totalitario porque un periodista debe dudar y contrastar sistemáticamente todas las informaciones, vengan de donde vengan”, concluyó el presidente de RSF.
![[Img #3643]](http://elsubmarino.periodismodigital.es/upload/images/05_2020/1914_img_20200525_2040301.jpg)
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Preguntas sin paliativos
La fórmula de ruedas de prensa impulsada por el secretario de Estado de Comunicación Miguel Ángel Oliver ha sido cuestionada desde su implantación. Al principio de la pandemia, para evitar más contagios, el Ejecutivo concedía ruedas de prensa de forma telemática, instando a los periodistas a enviar sus preguntas a un grupo de Whatsapp. Esta forma de plantear las preguntas no gustó a los profesionales de la información, criticaban que, con este método, Moncloa podía elegir cuáles son las preguntas que respondía y cuáles no. Una rueda de prensa a la carta, que tuvo sus consecuencias: el malestar del gremio se tradujo en un manifiesto secundado por trescientos periodistas. Algunos de los medios de comunicación más importantes del país (El Mundo, COPE, Las Provincias…) anunciaban en un comunicado no asistir a las ruedas de prensa del Ejecutivo debido a que “atentan contra la libertad de prensa”.
Tras las acusaciones de ‘censura’ y varios desencuentros con las asociaciones de prensa, Moncloa rectificó y permitió las ruedas de prensa con preguntas de periodistas en directo, autogestionándose el turno de preguntas. Una libertad de preguntar, que para el profesor de Opinión Pública, Pérez Llavador, fue “una victoria para los profesionales de la comunicación y una derrota para la estrategia de control del gabinete de comunicación del Gobierno.” Una práctica insostenible.
Hoy los ciudadanos hambrientos de información se encuentran en la portada de sus periódicos el mensaje “#Salimos Más Fuertes”, la reacción en redes ha sido instantánea, con críticas al gobierno por propaganda y críticas a los propios medios de comunicación.
El artículo 19 del Real Decreto de Estado de Alarma, donde se establece que “los medios de comunicación social de titularidad pública y privada quedan obligados a la inserción de mensajes que las administraciones consideren necesario emitir.” Sin embargo, el abogado administrativo, Alberto Llobell, asegura que los “titulares de prensa de carácter homogéneo que tengan apariencia de publicidad política no están amparados en la norma”. Hoy, las portadas de los periódicos compartían el virus de la desinformación.
Los periódicos amanecen con una campaña institucional lanzada por el GobiernoEl verdadero sobresalto según Alfonso Armada, presidente de Reporteros Sin Fronteras en España, se hace realidad en Brasil, China, Sudáfrica y Hungría. La herramienta de la ONG, #Tracker19, destapa las prácticas de países como Egipto donde se están bloqueando webs y perfiles de redes sociales. La censura de Armenia. La ausencia de libertad en China como “hipotética causa de la extensión del virus”. Y, sobre todo, Armada denuncia el silencio europeo frente a Hungría: donde se han establecido penas de cárcel de hasta cinco años por difundir lo que el Gobierno de Viktor Orbán considere noticias falsas. “Es el caso más emblemático y cercano en Europa”, afirma Armada, y añade que: "inquieta muchísimo porque buena parte de las falsas noticias las ha difundido el propio gobierno húngaro cuando negaba la gravedad de la crisis". Y es que, en palabras de Alfonso Armada, en tiempos de pandemia “es fundamental que no arrojemos al niño con el agua sucia”, que con el pretexto de defender a los ciudadanos y proteger su seguridad, al final se les presente el falso dilema entre libertad o seguridad.
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Por otro lado, RSF alerta de que Europa no se encuentra fuera de peligro. Afirma que nos encontramos en un continente sacudido por graves agresiones a periodistas (incluso asesinatos), convirtiéndose en esencial que la libertad de prensa ocupe una posición central en las agendas políticas. La ONG celebra que en la hoja de ruta de la comisaria europea, Věra Jourová, vicepresidenta encargada de Valores y Transparencia, esté fortalecer la libertad de los medios de comunicación. Y al mismo tiempo, entienden que se trata de una revelación: conceden un lugar relevante a la libertad de información “porque asumen que existe un gran riesgo de que se deteriore”.
La ONG que preside Alfonso Armada en España, declara en sus datos que las sospechas se han cumplido: la libertad de prensa en Europa se ha deteriorado. Concretamente, Polonia ha perdido tres posiciones en la Clasificación debido a la utilización de algunos de sus tribunales del artículo 212 del Código Penal, que recoge hasta un año de prisión para juzgar a periodistas acusados de difamación. En el sur de Europa, hay cruzadas muy activas de las autoridades contra los medios de comunicación. El ejemplo nítido se encuentra en Bulgaria, donde se intentó inhabilitar a la periodista Silvia Velikova, conocida por sus críticas al gobierno, dejando en evidencia la falta de independencia de este medio de comunicación público. El no ejemplo que señala RSF está en los dos países aspirantes a entrar en la Unión Europea: Montenegro y Albania, que descienden uno y dos puestos, respectivamente, tras un año marcado por la detención de periodistas.
En Francia, España, Austria, Italia y Grecia, Reporteros Sin Fronteras afirma que los periodistas también se enfrentan a la violencia, pero sobre todo, de los manifestantes.
La vacuna contra las fake news
Para Amnistía Internacional, la ONU y Reporteros Sin Fronteras, los aspectos básicos que ponen en peligro la libertad de prensa, y con ello, lo que perciben los ciudadanos cada día en sus mesas y móviles, se ven agravados por la pandemia que vivimos, dando paso a la otra pandemia: la de la desinformación y las noticias falsas. La de los bulos y su difusión masiva. España no ha quedado exenta de cientos de miles de mensajes falsos que cada día circulan en los dispositivos de los ciudadanos.
La compañía Twitter asegura haber detectado “más de un millón y medio de cuentas sospechosas de manipular información sobre el coronavirus y en las últimas dos semanas ha procedido a borrar 1.100 mensaje con información considerada engañosa.” Sin embargo, son los programas de mensajería instantánea, principalmente WhatsApp, donde más se difunden este tipo de contenidos y donde se han tomado medidas irrevocables: desde hace unas semanas determinados contenidos solo pueden mandarse a un contacto o grupo cada vez, en un intento por frenar los bulos.
El intento de encontrar una vacuna ha salpicado también a las instituciones españolas: el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, apostaba en una rueda de prensa por revisar los instrumentos legales necesarios "para impedir que no se vayan de rositas aquellos que contaminan la opinión pública". Sin embargo, para Jordi Pérez Llavador, profesor de Comunicación y Opinión Pública en la Universidad CEU Cardenal Herrera en Valencia, plantear cambios legales para frenar las falsedades en la red sería “un error” debido al poder implícito que se le otorgaría al poder político. Para Pérez Llavador, el antídoto está en “concienciar a la ciudadanía de que está siendo sometida a un ataque permanente de mentiras estratégicas.” Apela al sentido común del ser humano: “Si tú eres medianamente crítico, de los veinte mensajes que te llegan día a día a Whatsapp sabes que 18 son mentira.” Pero sobre todo, apela, a la libertad en todas sus vertientes comunicativas, sentenciando que “la mejor ley de prensa es la que no existe”.
Podcast de la entrevista de Jordi Pérez
Desde un punto de vista jurídico se sitúa Lorena Melchor Llopis, Doctora en Derecho, que bautiza el intento de regulación como “conflictivo” ya que “ el gobierno debería analizar cada información que se quiera difundir de forma previa, y cabe recordar que en nuestra Constitución española la censura previa está prohibida.” Asegura, además, nuestro código penal dispone de una gran cantidad de tipos delictivos que podrían utilizarse en el caso de difundir bulos de forma excesivamente perjudicial.
Al otro lado, desde el óculo del periodismo, Armada se aleja de vacunas legales, que considera represivas, y hace referencia a la necesaria autocrítica que deben realizar los propios profesionales: “Difundimos la imagen de que es imposible saber la verdad y nuestro objetivo es verificar y dar información fiable, que la gente tenga hechos probados y sustanciales para después actuar políticamente y castigar o premiar a los dirigentes políticos”. Hace unas semanas el Centro de Investigaciones Sociológicas, literalmente, preguntaba: “¿Cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener la libertad total para la difusión de noticias e informaciones?”.
Y Armada, respondía con vehemencia: “Que se plantee la posibilidad de suprimir, la difusión de noticias falsas y se apele a las fuentes oficiales como las fuentes legítimas y verdaderas, tiene un tufo totalitario porque un periodista debe dudar y contrastar sistemáticamente todas las informaciones, vengan de donde vengan”, concluyó el presidente de RSF.
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Preguntas sin paliativos
La fórmula de ruedas de prensa impulsada por el secretario de Estado de Comunicación Miguel Ángel Oliver ha sido cuestionada desde su implantación. Al principio de la pandemia, para evitar más contagios, el Ejecutivo concedía ruedas de prensa de forma telemática, instando a los periodistas a enviar sus preguntas a un grupo de Whatsapp. Esta forma de plantear las preguntas no gustó a los profesionales de la información, criticaban que, con este método, Moncloa podía elegir cuáles son las preguntas que respondía y cuáles no. Una rueda de prensa a la carta, que tuvo sus consecuencias: el malestar del gremio se tradujo en un manifiesto secundado por trescientos periodistas. Algunos de los medios de comunicación más importantes del país (El Mundo, COPE, Las Provincias…) anunciaban en un comunicado no asistir a las ruedas de prensa del Ejecutivo debido a que “atentan contra la libertad de prensa”.
Tras las acusaciones de ‘censura’ y varios desencuentros con las asociaciones de prensa, Moncloa rectificó y permitió las ruedas de prensa con preguntas de periodistas en directo, autogestionándose el turno de preguntas. Una libertad de preguntar, que para el profesor de Opinión Pública, Pérez Llavador, fue “una victoria para los profesionales de la comunicación y una derrota para la estrategia de control del gabinete de comunicación del Gobierno.” Una práctica insostenible.
Hoy los ciudadanos hambrientos de información se encuentran en la portada de sus periódicos el mensaje “#Salimos Más Fuertes”, la reacción en redes ha sido instantánea, con críticas al gobierno por propaganda y críticas a los propios medios de comunicación.
El artículo 19 del Real Decreto de Estado de Alarma, donde se establece que “los medios de comunicación social de titularidad pública y privada quedan obligados a la inserción de mensajes que las administraciones consideren necesario emitir.” Sin embargo, el abogado administrativo, Alberto Llobell, asegura que los “titulares de prensa de carácter homogéneo que tengan apariencia de publicidad política no están amparados en la norma”. Hoy, las portadas de los periódicos compartían el virus de la desinformación.
