La figura de los influencers se suma a la crisis de la vivienda

Por su naturaleza, se entiende que ser influencer se sitúa como una de las profesiones que más rédito económico puede llegar a ofrecer en España y otros países, lo que con el tiempo ha abierto la veda a que decidan diversificar los mercados en los que participan. Prueba de esto lo encontramos en el streamer y youtuber TheGrefg, unos de los más seguidos en nuestro país y que, según el diario andorrano ‘altaveu’, adquirió un bloque de pisos en Andorra a través de su empresa ‘Grefito SLU’. 

Durante esta operación, trató de desahuciar a una mujer de 80 años que tenía un contrato de palabra con el anterior propietario, además de que la mujer denunció que vivía en un “congelador” debido a que la empresa había quitado las ventanas de los demás pisos. En sus redes, el creador de contenido se justificó bajo el argumento de que la afectada “era de una de las familias más ricas de Andorra”, además de que “no pagaba el alquiler desde hace tres años”. Pese a esto, la justicia andorrana falló a favor de la mujer gracias a la aplicación del derecho romano y, según ‘La Vanguardia’, TheGrefg anunció en un comunicado que iba a vender el edificio.

Un perfil parecido sería el del youtuber Luisito Comunica, que compró y reformó una propiedad en la costa de Venezuela a bajo coste de la que pretendía sacar rentabilidad. Él mismo aseveró en el vídeo en el que la presenta que “es una inversión muy a futuro cuando el país esté en días mucho, mucho mejores y los precios de las propiedades podrían irse muy, muy arriba“. Debido a esto, fue criticado en redes debido a que pretendía beneficiarse de la situación de crisis que vivía el país.

Por otro lado, encontramos el caso de la influencer María Pombo, que creó junto a su marido Pablo Castellano la empresa Atton Homes SL, dedicada a la “adquisición, promoción, construcción, rehabilitación, reforma, urbanización, explotación, arrendamiento -salvo el financiero- y venta de todo tipo de bienes inmuebles, tanto rústicos como urbanos, dentro y fuera de España”, según ‘Vanitatis’, aún no se conocen sus movimientos.

Estos son algunos de los casos que se pueden encontrar de este tipo de perfiles, personas que emplean su gran patrimonio en invertir en un mercado que está asfixiado desde hace tiempo. Todo el mundo quiere llevarse parte del pastel y poco se tienen en cuenta a las personas de a pie que no pueden adquirir un piso, algo curioso, pues muchos provienen de familias humildes que han pasado o podrían haber pasado por situaciones parecidas. Lo que queda claro es que los bienes raíces son una inversión muy rentable y los números son los protagonistas.

Por otro lado, encontramos unos jóvenes distintos, aquellos que son incapaces de emanciparse y sueñan con heredar la casa de sus padres, aquellos que perciben unos salarios incompatibles con los nuevos precios. En este sentido, la Comunitat Valenciana no se queda al margen y se sitúa como uno de los líderes ante esta presente inestabilidad. Para conocer esta realidad, hemos entrevistado a diversos jóvenes para entender los datos que se mueven en diversos medios de comunicación. Porque ¿quién mejor que los protagonistas que se encuentran atravesando este conflicto para contárnoslo?

Según Aya Belial, jóven de 23 años, necesitó un total de dos años y medio para lograr encontrar una vivienda que cumpliera con sus requisitos y estuviera en su presupuesto, sus palabras textuales ante lo vivido son: “no es que yo no estuviera buscando, es que lo que había era malísimo”. Feliz de haber encontrado alojamiento, no olvida el duro y largo proceso que supuso para ella, además de remarcar un notable aumento en los precios a medida que transcurrían los meses de búsqueda; “recuerdo ver pisos en los primeros meses y volver a buscarlos, pero subían de precio o desaparecían”, algo que le resultó muy frustrante.

Unido a esto, Franco Pérez añade que los precios por metro cuadrado han subido en los últimos años. Porque viviendas que podía encontrar por 600 euros, ahora no se pueden ver por menos de 1000 euros. “Entiendo que es el resultado de la inflación y la especulación de la vivienda a la que se enfrenta el país”, dice.

Según publicó el periodista del ABC David Maroto, “los representantes sindicales han destacado que todo el mundo en su entorno ha conocido casos de malas prácticas en materia de vivienda, como subidas de alquiler o pedir un pago para visitar una casa”. Asimismo, Antonio Guillem señala en el mismo medio que, con la motivación de superar esta crisis de la vivienda, ha solicitado la aplicación de la Ley de Vivienda estatal en nuestro país, para que se regulen los precios, la caducidad de las licencias de apartamentos turísticos, poner fin a la especulación inmobiliaria y priorizar la vivienda de alquiler asequible para personas jóvenes, entre otras medidas.

El periodista del LEVANTE Ramón Ferrando, ha redactado que a nivel nacional los alquileres subieron en el año 2024 un 3,5%, según la estadística experimental del Instituto Nacional de Estadística (INE). No obstante, València lidera ese notable aumento entre 2015 y 2024 con un porcentaje de incremento del 36,4%, otra vez, según los datos del INE. Cabe mencionar, que la demanda de pisos en alquiler, es más fuerte en el área metropolitana que en la ciudad de València, es decir, en Torrent, Paterna y Moncada. Lo cual, según el Mercantil Valenciano, ocurre igual en otras ciudades como Madrid, Barcelona y Sevilla.

Ferrando asevera que uno de los motivos más marcados por lo cual sucede este incremento de precios es la llegada de los extranjeros, además del “desequilibrio entre la oferta y la demanda se ha agravado por la llegada de miles de migrantes que acuden a la capital en busca de trabajo y se acaban instalando en los municipios del área metropolitana”. Respecto a esto, el crecimiento anual del año 2024 en España fue de más de 458.000 personas con razón del saldo migratorio positivo. Y, la Comunidad Valenciana tuvo un aumento poblacional del 5,5% desde 2022 (el 84% de ese aumento se debe a la población extranjera).

El medio ABC en un artículo publicado el año pasado explicó que 8 de cada 10 menores de 30 años no tienen la posibilidad de emanciparse en las principales capitales de la región. Y, remarca que los que se encuentran en València, Alacant y Castelló de la Plana necesitan, al menos, su salario medio completo para pagar el alquiler de una vivienda en solitario, según la organización juvenil de UGT PV, y Ruge, la organización juvenil de UGT Confederal.

Este tampoco es el caso de todos. Por ejemplo, Aya Bellal afirma que ella destina alrededor del 40% de su salario al alquiler, lo cual considera mucho, “se supone que no debería superar el 30% del salario, pero con lo que cuestan los pisos ahora es casi imposible”. Por su parte, Kyra García de 24 años, también destina el 40% de sus ingresos a la vivienda y considera que el disponer de una vivienda es una necesidad básica  que todo el mundo debería de poder permitirse, y considera que el problema actual se sitúa en que la gente ve la vivienda como una inversión y no como un derecho.

En última instancia, nos encontramos con las ayudas públicas del Estado. Para Aya estas ayudas no son suficientes, “hay algunas ayudas para los jóvenes, pero o no te enteras o los requisitos son muy complicados”, además de que “en ocasiones te llegan a dar esas ayudas de forma tan tardía que has tenido que solucionar el problema por tu cuenta”. Ella considera que vista la magnitud de la crisis de la vivienda, las ayudas deberían de mejorarlas, mientras que Franco señala que las verdaderas ayudas deberían de asegurar una mejora laboral en los jóvenes y una regulación de los precios. 

Todo esto dibuja una línea de pensamiento entre quienes tienen la vida resuelta y quienes ven la vivienda como una necesidad y no como un medio para aumentar sus números bancarios. Se trata de una situación en la que nadie se declara culpable pues sólo juegan con las reglas establecidas mientras pasan por encima de los demás. La vivienda es una asignatura pendiente en nuestro país y se puede convertir en un problema estructural si no se vela por que los ciudadanos tengan una vida digna y un lugar en la que llevarla a cabo.

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